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Kirchner desata una nueva polémica por las concesiones en los pozos petroleros

Los diputados de Santa Cruz ya discuten una ley marco que le dará mayor injerencia a la provincia en las negociaciones por la ampliación en las concesiones de los pozos petroleros. La normativa obligaría a darle participación a empresas locales, entre ellas, las afines al kirchnerismo.

La Política Online |  11.02.2010 20:04:00

En vísperas del vencimiento de las concesiones para la explotación de los pozos petroleros en Santa Cruz, antes de dar cierre al año legislativo, los diputados de la provincia presentaron una iniciativa que promete darle mayor injerencia al gobierno santacruceño en desmedro de las grandes productoras de crudo que operan en la zona.

De aprobarse un proyecto que fijaría pautas concretas para las compañías a la hora de renegociar las concesiones de los pozos petroleros, se plantearía un tablero más equitativo para el gobierno de Santa Cruz. A la vez, las nuevas directivas vendrían a abrirle el negocio a los tan conocidos empresarios vinculados al ex presidente Néstor Kirchner -léase Lázaro Baez y Cristóbal López, ambos con experiencia en el mercado del crudo-, que avalados por una ley, tendrían una participación «obligada» en la generosa cadena de producción de petróleo.

Tal como pudo averiguar LPO con fuentes del PJ santacruceño, “en diciembre entraron tres proyectos de tres autores diferentes pero con propuestas muy similares. Uno de ellos, el texto del diputado peronista Héctor Billoni, fue tratado en sesión extraordinaria y pasó a la comisión de Energía y Combustibles”.

De esta forma, se estudiará –en la comisión- la ampliación de las concesiones de yacimientos petrolíferos. Los tres proyectos coinciden en numerosos puntos que van desde el cuidado del medio ambiente hasta el refuerzo de lo establecido en el artículo 71 de la ley 17.319, de Hidrocarburos (ver recuadro). Dicho artículo apela a la “preferencia” por la mano de obra local, y es aquí donde influirían las empresas locales.

“Parte del oficialismo quería que se aprobara sobre tablas, pero el resto de los diputados no querían, incluso algunos del mismo bloque. Se opusieron a que el proyecto se aprobara tan rápidamente”, aseguraron las fuentes a este medio. Cabe recordar que por la naturaleza unicameral del Parlamento de Santa Cruz, sería suficiente con la aprobación en Diputados.

La ley marco contemplaría, entre otras cosas, darle participación al área de Energía, aumentar el porcentaje de regalías, obligar por ley a las empresas a realizar inversiones, “proporcionarle mayor injerencia a la Provincia, porque las grandes empresas, con esta legislación, hacen lo que se les canta”, aseguran en la Cámara. El aumento en lo que deberán pagarle a la provincia aún no está hablado, pero quienes impulsan el proyecto aseguran que “el porcentaje actual está desactualizado”.

Si bien en la zona operan Repsol, Petrobras, Pan American, entre otros, los vencimientos más próximos los tendría la productora de crudo estadounidense Oxi, en 2015 y 2017.

En caso de ser aprobada la ley marco, Oxi sería una de las primeras compañias en sentarse a dialogar con una provincia reforzada por la nueva normativa. Las condiciones harían presión contra las empresas, que para continuar en el circuito, deberán aceptar nuevos requisitos y «compartir» sus ganancias con otra empresa, por ejemplo, local.

Fuentes empresariales ya estarían analizando el avance de este proyecto. Mermados sus intereses, explican que “las concesiones no deben limitarse en el tiempo”, ya que en base a los estudios a largo plazo es como desde la empresa se calculan las inversiones a realizar.

Consultado por LPO, el diputado peronista de Santa Fe, Jorge Arabel, explicó que la iniciativa “va a avanzar desde el 1 de marzo en que se reunirá la comisión donde se le dará forma al proyecto. Hay cosas que deben ser especificadas”.

La composición de la Cámara -20 peronistas, 3 de la UCR y uno de Encuentro Ciudadano- daría fe de que tal como asegura Arabel, el proyecto avanzará. Lo que se omite es para quién avanzará este negocio que año a año se supera a sí mismo en el país.

Así funciona clientelismo del plan «Argentina Trabaja» que inquieta a Alicia Kirchner

El ministerio de Desarrollo Social entrega los planes pero luego son coordinados por punteros barriales que responden directamente al Gobierno. A los reclamos de Luis D’Elía, quien amenazó con manifestaciones, se suman airadas protestas de intendentes y una advertencia de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien teme sufrir las consecuencias políticas y judiciales por las irregularidades del programa.

En el conurbano ya lo rebautizaron: en vez de su mote original, “Argentina Trabaja”, le dicen “Argentina no trabaja”, en alusión a las casi nulas funciones que deben cumplir sus beneficiarios, a quienes sólo se les exige asistir a algún acto oficial.

Según relataron a LPO fuentes del peronismo bonaerense, esa falta de exigencia del gobierno no sería en vano, sino que, por el contrario, constituiría la clave para hacer funcionar un programa pensado por Néstor Kirchner para reforzar sus lazos con las clases populares de la zona más poblada del país y, de paso, retener recursos para su campaña presidencial.

Pero el esquema que diseñó puso de rehén a su hermana, cuya cartera recibe hoy los reclamos por las desprolijas designaciones «No sean cautivos de nadie, en este programa no hay intermediarios; no busquen al puntero de turno, ni al referente político ni al de una organización. No le deben nada a nadie», solicitó hoy Alicia Kirchner, por canal 7.

Respondió así a una denuncia de diputados de la oposición que pidió saber de qué modo están ejecutando los fondos del programa, los parámetros con los que se elige a los beneficiarios y el control que se hace sobre el manejo de recursos de los intendentes.

El programa «Argentina Trabaja» lanzado el año pasado por la Presidenta prometió crear 100.000 «puestos de trabajo» a través de cooperativas que deberían realizar trabajos para los municipios y se supone contaría con una inversión global de 1.500 millones de pesos.

El inconveniente, como reveló en su momento La Política Online, es que incluso en las pruebas piloto que se hicieron -por ejemplo en el municipio de Almirante Brown que administra Darío Giustozzi- se comprobó que rápidamente la iniciativa fue cooptada por punteros políticos que inventaron cooperativas que sólo existían en los papeles para hacer caja política y sumar adherentes.

Este caso es paradigmático de la compleja situación de Alicia Kirchner. Cuando trascendió el escándalo en Almirante Brown por las cooperativas inventadas  -que incuyó la renuncia de un concejal y el despido de un funcionario con la policía-, la ministra ordenó una auditoría cuyo resultado nunca salió a la luz. Y apenas días atrás la propia Alicia Kirchner paseó con Giustozzi por el Municipio en una «visita» a un cooperativa que al parecer si trabajaba limpiando plazas, todo debidamente registrado por los fotógrafos y camarógrafos oficiales .

Pese a ese despliegue propagandístico del equipo de la ministra, el gobierno maneja esta iniciativa con un secretismo tal que no se sabe cuándo se implementará masivamente el programa -se supone que en marzo-, en qué distritos, cómo se elige a los beneficiarios y cuántos serán los fondos destinados.

En este marco, la falta de respuestas claras de la ministra al Congreso no sólo podría derivar en un pedido de interpelación, sino que de acumularse denuncias de clientelismo y corrupción -como ya está ocurriendo- podría terminar complicada en la justicia.

Cooperativismo político

La Política Online pudo hablar con punteros oficialistas del Conurbano que por estas horas viven un verdadero fenesí de reparto de planillas, para conformar cooperativas que puedan acceder al beneficio.

Las fuentes relataron descarnadamente el sistema clientelar que están diseñando desde el oficialismo, en este caso, en la poderosa tercera sección electoral, donde se concentra un tercio de la población de la provincia de Buenos Aires, un caudal de gente que aporta tres millones y medio de votos en cada elección y define gobernadores y presidentes.

A sabiendas de que ese capital definirá la suerte electoral de Kirchner en 2011, allí se planean «crear» 3500 cooperativas de 16 integrantes cada una. Contra lo que muchos creen, los beneficiarios no fueron digitados por los intendentes, tal vez, una muestra del descrédito que tienen en la Casa Rosada tras la derrota electoral del ex presidente.

Las cooperativas le son asignadas a un puntero con llegada al Gobierno, a quien se le asignan 2000 pesos mensuales, de los cuales debe resignar 300, explicaron las fuentes. Es este primer beneficiado el encargado de reclutar a los quince restantes, quienes deben tener más de 18 años y deben contar con un «negativo» de la Anses, es decir un comprobante de que no son beneficiarios de ningún otro plan social.

La abundancia de planes sociales que hay distribuidos en zonas de alta vulnerabilidad social, supera la cantidad de ciudadanos que cumplen ese requisito. Por eso, cuentan las fuentes, es habitual que los punteros concentren la mayoría de sus repartos en jóvenes de 18 años recién cumplidos, sin antecedente laboral alguno.

Los quince beneficiarios que se agregan tienen un salario de 1200 pesos, pero deben resignar 400 pesos que regresan -como los 300 del puntero- al circuito originario.

Se instaura así un sistema de doble faz, por un lado afianza el clientelismo y por el otro permite consolidar cajas políticas. Sólo en el caso de la Tercera Sección Electoral el «retorno» en caso de concretarse la maniobra sumaría 22.400.000 por mes.

Los integrantes de las cooperativas en principio no están ofreciendo mayores inconvenientes en ceder parte de sus salarios, dado que, salvo raras excepciones, por el dinero que les queda no se les exige ninguna contraprestación. Alcanza con que sólo engrosen las tribunas en algún acto oficial.

Es este último aspecto el principal motivo de conflicto en las Municipalidades, donde los registros de inscriptos para este plan están desbordados. Ocurre que muchos empleados de las comunas reciben salarios ínfimos y son testigos de cómo particulares reúnen ingresos parecidos sin necesidad de cumplir tareas.

“Ahora, nadie quiere laburar”, resumió un intendente a La Política Online.

Publicado por «La Política On Line»

En el marco de la Iº Jornada sobre Vivienda Social y Eficiencia Energética, organizada por la el Foro Ecuménico Social, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la empresa Edenor, el Dr. Bernardo Kliksberg compartió algunas reflexiones acerca de la situación de América Latina

«….  Hablar de vivienda social y eficiencia energética es mucho más importante que especular sobre grandes temas sobre los que no se puede llegar a ninguna conclusión práctica. Implica aterrizar directamente en algo muy relevante en la vida de la gente».

“En América Latina hay 120 millones de personas que viven en tugurios

ARTÍCULO COMPLETO: Disertación – Bernardo Kliksberg

Fuente: Departamento de Responsabilidad Social – Unidad de Gestión de Proyectos de la Universidad Tecnológica Nacional